Un informe de Telenueve reveló que en la avenida Libertador, entre General Paz y el tren de la Costa, esta mañana no había ningún patrullero realizando controles pese a la muerte del joven el sábado último y a la movilización de los vecinos para reclamar mayor seguridad en el tránsito.

Por ello, esa comuna adelantó que se colocarán radares para controlar la velocidad. La idea es convertirla en una zona vigilada para evitar picadas, muy frecuentes durante la madrugada.

El pedido de los vecinos se sustenta, entre otras cosas, en estadísticas realizadas en Semana Santa, que reveló que el 20 por ciento de los conductores bonaerenses lo hace alcoholizado, según los controles. El mismo estudio arrojó que el 40 por ciento de los conductores que protagonizan accidentes están bajos los efectos del alcohol o la droga.

En tanto, ayer se informó que el joven procesado por atropellar y matar con su automóvil al adolescente Francisco Vrech en la madrugada del sábado pasado en Vicente López, fue trasladado al penal de Marcos Paz.

Así lo informaron a DyN fuentes judiciales, que precisaron que Goñi fue alojado en esa cárcel por disposición del juez de instrucción Javier Ríos, quien ayer dictó su procesamiento con prisión preventiva por el delito de "homicidio culposo" y lo embargó por 200 mil pesos.

El abogado defensor de Goñi, Gustavo Romano Duffau, presentará en las próximas horas un "pedido de nulidad" de esa resolución, aduciendo que el juez Ríos no tiene competencia para intervenir en el expediente pues el episodio que concluyó con la muerte de Vrech y heridas a otro joven ocurrió en la provincia de Buenos Aires.

El propio juez Ríos declinó ayer, en la misma resolución en la que dictó el procesamiento, su competencia en favor de los tribunales de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires.

Simultáneamente, y para el caso de que el juez no acepte el pedido de nulidad, Romano Duffau apelará el procesamiento con prisión preventiva ante la Cámara del Crimen, dijeron a DyN fuentes judiciales.

La figura del "homicidio culposo" contempla una pena máxima de cinco años de cárcel, pero es de los delitos considerados "excarcelables".