Las medidas, contempladas en un anteproyecto de ley que impulsa cambios en el Código de Tránsito y que es analizado por el Consejo Provincial de Seguridad Vial, fueron anunciadas ayer por el gobernador Felipe Solá y su ministro de Seguridad, León Arslanian.

El proyecto, que muy pronto será enviado a la Legislatura, contempla el uso de radares, un sistema que en la provincia se utilizó en 1998 y que debió ser suspendido porque hubo cuestionamientos referidos a la veracidad de las infracciones registradas por los equipos.

Por entonces hubo, también, denuncias por abusos y pedidos de coima, además de cuestionarse el presunto fin recaudatorio de las multas aplicadas por los municipios.

“La falta no tiene que tener un propósito meramente recaudatorio y no debe ser pensado como una fuente de ingresos para el municipio. Se trata, también, de una herramienta de prevención”, dijo Arslanian.

El ministro se adelanta así a los que podrían cuestionar la medida y relacionarla con el fuerte déficit provincial, que -como se informó- superaría este año los mil millones de pesos.

Durante ocho años, la inhabilitación temporaria del sistema de radares se prorrogó por períodos de 180 y 240 días por medio de distintas leyes.

Así, pues, nadie controlaba el exceso de velocidad en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Y es sabido que éste es el principal motivo de las decenas de accidentes automovilísticos que ocurren diariamente.

Ayer, el gobernador Solá y Arslanian, en una Jornada de análisis y reflexión sobre adecuaciones normativas en seguridad vial, anunciaron la propuesta y afirmaron que el gobierno aspira a que esté en funcionamiento en septiembre próximo, cuando vence la última prórroga de la suspensión de los radares.

Uso de tecnología

Según Arslanian, se estudia "una reforma al Código de Tránsito para terminar con las eternas suspensiones; una reforma que busca aplicar un mecanismo de control vial que sea eficiente, para que no haya más especulaciones por denuncias por coimas". Sobre este punto, el funcionario explicó que "habrá un proceso efectivo de constatación de la infracción, mediante un sistema informático que extienda el comprobante en forma automática y que ponga en evidencia al conductor in fraganti".

Y agregó: "Luego de obtenido el comprobante, la autoridad policial notificará de la infracción al conductor mientras que, en otra oficina, dentro de la misma traza del recorrido, se le informará la ubicación del tribunal de faltas al que debe ir".

Para lograr un sistema efectivo, según Arslanian, es necesario recurrir a la tecnología, para que la comprobación de la falta no dependa "de la pura discrecionalidad de un funcionario".

En noviembre de 2002, días antes de que la Legislatura bonaerense aprobara una de las tantas prórrogas de la suspensión de radares, se conocieron casos como el de un usuario al que se lo condenaba a pagar $ 205 por una falta presuntamente cometida en febrero. Es decir, durante ocho meses, el automovilista no había tenido noticias de esa infracción que supuestamente había cometido.

Otro capítulo de la caótica historia de los radares en la provincia ocurrió en noviembre de 2000, cuando por un error en la sesión de la Cámara de Diputados, en vez de prorrogarse la suspensión temporaria del sistema, se lo habilitó.

El plan del gobierno que podría poner fin al vacío legal que existe respecto de la comprobación del exceso de velocidad también contempla la necesidad de "tener una rigurosidad estandarizada sobre registros, antecedentes, faltas y la conducta de los automovilistas", expresó Solá.

Por esto, se dará un nuevo impulso al Registro Unico de Infractores de Tránsito (RUIT), creado por ley en 1995: "Lo que nos interesa es que haya una constancia de que la persona es una infractora y que eso figure en el legajo de antecedentes, para que pueda ser efectiva su inhabilitación para conducir en caso de reincidencia", dijo Arslanian.

Otras dos propuestas integran el anteproyecto que pretende reducir la cantidad de accidentes y ordenar el tránsito: la restricción de la circulación de camiones en rutas provinciales los domingos y la instrumentación de dos manos de ida y dos de vuelta en los corredores viales que estén ubicados hasta 150 kilómetros de la Capital.

Proyectos que no prosperaron

LA PLATA.- Durante los ocho años de sucesivas suspensiones del uso de radares en las rutas de la provincia y de la inexistencia de otro sistema que permita comprobar el exceso de velocidad, en la Legislatura bonaerense se presentaron proyectos que no lograron prosperar. El del diputado Gustavo Ferrari (UCR) hace especial referencia a un sistema moderno que evite los abusos y permita garantizar la defensa del automovilista. La iniciativa del diputado Luis Bruni (UCR) propone la utilización de radares y que las comprobaciones que se realicen no sean delegadas o concesionadas a personas o empresas.